El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) dar a nombres de las empresas o personas físicas sancionadas por el posible delito de lavado de dinero.
Por unanimidad, el pleno de INAI avaló la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien consideró indispensable que el SAT no niegue esta información.
En entrevista con La Silla Rota, Acuña Llamas explicó que esta resolución, pese a que en un inicio negó la información solicitada por un particular, permitirá transparentar el actuar y el trabajo que realiza el SAT y las instituciones que se dedican a prevenir el lavado de dinero.
“Mi compañeros me respaldaron y con su apoyo le pedimos al SAT que modificara su respuesta original, porque no iba bajo el espíritu de la legalidad y en este caso le dijimos que debía entregar la información requerida”, dijo.
La historia
El comisionado del INAI relató que ante la petición hecha por un particular para conocer el nombre de las empresas sancionadas por el SAT por violar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el sujeto obligado decidió reservar dicha información.
La particular, inconforme por la respuesta, interpuso un recurso de revisión ante el INAI, el cual fue turnado al comisionado Francisco Javier Acuña y quien luego de estudiar el tema determinó obligar al SAT a transparentarse.
En alegatos, el SAT señaló que no era posible proporcionar lo requerido, toda vez que significaría dar a conocer información fiscal de los contribuyentes. Además, se argumentó que se trataban de datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.
En ese sentido, el Instituto y el comisionado Acuña Llamas precisaron que los nombres de las empresas sancionadas no constituyen información entregada con el carácter de confidencial, pues se trata de información generada por la propia autoridad en cumplimiento de sus facultades.
Incluso, se dijo que la información solicitada deriva de los documentos relativos a las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria, como órgano de inspección, vigilancia y corrección, por lo que los documentos sustentan sus acciones como órgano gubernamental y son de carácter público.
Además, la información no se relaciona con algún proceso penal federal, y si bien las multas derivan de la facultad de inspección del órgano desconcentrado, lo cierto es que la imposición de la sanción supone que el procedimiento de investigación efectuado ha culminado.
En consecuencia, concluyeron que el pago realizado por cada una de las empresas a las que se les impuso una multa, no se realizó en su calidad de contribuyentes, razón por la cual no se actualiza el secreto fiscal.
Asimismo, no se advierte que la difusión de la información requerida por la particular pueda poner en riesgo a la actividad financiera del país, ya que al proporcionarla no se impide el cobro de las multas impuestas.
Tampoco se verifica que el revelar esta información pueda poner en riesgo las estrategias de recaudación tributaria a cargo del SAT.
La trascendencia
Francisco Javier Acuña Llamas explicó que esta resolución manda varias señales clara para que todas las autoridades para que den seguimiento puntual a procedimientos que busquen combatir la impunidad.
Aseguró que también es importante porque siembra un precedente de legalidad y pone en la discusión lo que debe ser interés público, aunque se trata de bancos, corredores financieros, empresas, entre otros.
Vía: www.lasillarota.com
